Sin Complejos // Ignacio de León

El jueves pasado, Obama le dijo a sus paisanos negros lo que ningún presidente blanco se hubiera atrevido a decirles: que no tienen excusas para su fracaso, que la esclavitud de sus abuelos, la discriminación y la desigualdad aun existente en la sociedad norteamericana no justifican ni eximen a los negros de su responsabilidad para construir un futuro mejor para sus hijos.

“Quiero que aspiren a ser científicos e ingenieros, doctores y maestros, no sólo jugadores de basket o raperos. Quiero que aspiren a ser jueces del Tribunal Supremo o presidentes de Estados Unidos.” Fueron sus palabras. Balde de agua fría.

El discurso, fue pronunciado en Nueva York ante la poderosa Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Esta asociación, como muchas otras defensoras de minorías, ha entendido la igualdad racial como un infinito proceso reivindicativo en el que las instituciones que denuncian la supuesta injusticia obtienen estatus y poder a cambio de que las victimas prolonguen su condición de victimas, es decir un diabólico círculo vicioso. Algo así como la insólita automutilación que se infligen algunos mendigos para producir más lastima.

El relato viene a cuento por lo que nos afecta a los venezolanos, como grupo humano que ocupamos un lugar en este Planeta; o al menos creemos ocuparlo. Al igual que estas asociaciones revanchistas, nuestra psique social pareciera estar más pendiente de causar lástima y compasión justificar así el estruendoso fracaso social que somos. Preferimos cifrar nuestra esperanza en políticos que nos ofrecen formas más “justas” de repartir una riqueza colectiva (el petróleo), como si por origen tuviéramos derecho natural a un recurso en cuya producción no hemos tenido ni arte ni parte. Para abrazar este despropósito, auto mutilamos nuestra psique social negando la posibilidad a otros caminos de desarrollo: criticamos el capitalismo por “injusto” y atacamos la propiedad y criticamos el “egoísmo” de los empresarios, insistiendo en la necesidad de ajustarlos a una utópica y gaseosa “función social”. No vemos la evidencia que está ahí: pueblos enteros, de todas las culturas y latitudes, que han experimentado ese capitalismo que tanto criticamos, y que inexorablemente los ha sacado del atraso: La India, China, Taiwán, España, Portugal, Chile, Singapur, Malasia, Australia, Nueva Zelandia, y paremos de contar para no pasar por volteriano.

Por tanto, no es falta de gónadas; es falta de imaginación y profundo complejo lo que nos frena.

Ingenuamente creemos que este sistema socialistoide que hemos ido imponiendo los últimos cincuenta años en Venezuela, en el fondo es viable, si tan solo fuera instrumentado por “elites ilustradas”, en lugar de los chafarotes que gobiernan desde 1998. Por eso la oposición está más ocupada de atender encuestas, tapar huecos en las calles, y organizar futbolitos en los barrios, que en presentar a la Nación una propuesta de desarrollo capaz de hacernos crecer con equidad a no menos del 7% del PIB por año, sostenidamente por 30 años, cosa que nunca sucederá por la vía socialista, democrática o chafarota. La oposición cree que salir de este régimen es convenciendo a la gente de que somos mejores “gerentes” de esos recursos escasos que tenemos; nadie se plantea como romper el paradigma, y concebir las políticas públicas como instrumentos creadores de riqueza, en vez de repartidores de la renta petrolera. Entretanto, la población crece y los precios petroleros se estancan.

Por esta vía, seguiremos el camino de otros latinoamericanos, como los nicaragüenses, quienes llaman la atención por lo pintoresco de su chiche calambo, o los bolivianos por su baile de la mazorquita. Sera el aporte “fantástico” (léase, “fracasado”) de Amarantas que levitan en Macondo, o de sonoras guacamayas como Hugo Rafael. Nunca será el camino que nos hará producir un premio Nobel en física, medicina, o química por año; que reducirá de la pobreza de cuajo, que nos meterá en el siglo 21, sin complejos y sin propaganda.

¿Será que nunca pariremos algún político como Obama, que se atreva a decirnos lo que no queremos oír?

De la separación de poderes a la concentración de poder // Liliana Fasciani

La magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia cuestiona el principio de la división de poderes aduciendo que “debilita al Estado”.  El magistrado Francisco Carrasquero asegura que “con excepción de las normas que garantizan los derechos fundamentales como el de la vida o la libertad personal, todas las demás disposiciones contenidas en la Constitución de 1999 pueden ser reformadas radicalmente, sin que haya que respetar ninguna doctrina o tradición”.  El Presidente de la República respalda estas afirmaciones y lanza una cruzada por un nuevo constitucionalismo “popular y revolucionario”.

Estas declaraciones anticipan una reforma constitucional destinada a suprimir el principio de separación funcional de los órganos del Poder Público para imponer en su lugar otro de corte absolutista que legalice constitucionalmente la concentración de todos los poderes en una sola voluntad.  Exactamente lo que, en su momento, advirtiera Montesquieu que debe evitarse, pues “cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad… Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador.  Si va unido al ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.  Y Montesquieu agrega: “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales…, ejerciera los tres poderes”.

La debilidad del Estado de Derecho radica en que, al margen de lo establecido en la Constitución de 1999, el Presidente de la República concentra en su persona todos los poderes.  Si, por el contrario, se aplicase efectivamente el principio de separación de poderes, ocurriría que el Estado de Derecho se vería fortalecido por la independencia y la autonomía funcional de todos los poderes.

El principio de la división de poderes tiene por finalidad evitar que uno cualquiera de los órganos del Poder Público abuse de sus atribuciones.  Se trata, siguiendo a Montesquieu, de que “el poder frene al poder”. Y esto sólo se logra cuando todos los poderes se controlan mutuamente, de modo que en cuanto alguno exceda los límites que le establece la Constitución, los otros actúen como contrapeso y frenen los excesos de aquel.

La colaboración entre unos y otros consiste en que todos ejerzan sus funciones en forma coherente y ajustada a los preceptos constitucionales para mantener la integridad de la Constitución.  No se trata, entonces, de una colaboración en el sentido de ponerse de acuerdo para un fin determinado, como es el lamentable caso de los representantes de los poderes públicos en Venezuela, que se han puesto de acuerdo para violar sistemáticamente la Constitución en función de los fines que pretende el Presidente de la República de convertir al Estado democrático de Derecho en un Estado autocrático sin Derecho.

Lo que proponen los magistrados Morales y Carrasquero es conferirle a una sola persona, es decir, al Presidente de la República, todos los poderes del Estado para que gobierne, legisle, juzgue y penalice según su voluntad.  Esto sería un acto de servidumbre abominable que liquidaría definitivamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Aunque de hecho lo está haciendo sin control y sin límites, en contravención de los valores superiores y de los principios y normas constitucionales, con la infeliz anuencia y complacencia de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, de los representantes del Poder Ciudadano, del Contralor General de la República, de la Procuradora General de la República, de la Fiscal General de la República y de la Defensora del Pueblo.

La conducta de los mencionados funcionarios es la más clara evidencia de que en Venezuela no existe más el Estado de Derecho, pues todos ellos han delegado sus respectivas funciones en el representante del Ejecutivo, convirtiéndose, así, en meros mandaderos de las órdenes de éste.

Las consecuencias no intencionadas // Osmel Brito-Bigott

Hace dos años los venezolanos tuvimos que retrasar nuestros relojes media hora. Según el ministerio de ciencia y tecnología, dirigido en ese entonces por el inefable Hector Navarro, este cambio beneficiaría a la población, ya que por tener una mayor exposición a la luz solar, se vería incrementada nuestra productividad en el trabajo y en el estudio. Se nos dijo adicionalmente, que esa media hora permitiría, que pudiéramos levantarnos con la luz del sol, ya que en la medida que las condiciones de tráfico de las principales ciudades, en especial Caracas, han ido empeorando, los ciudadanos hemos tenido que levantarnos cada vez más temprano para poder llegar a nuestros sitios de trabajo o estudio.

Ah, pero lo que nuestros planificadores gubernamentales no tuvieron en cuenta, o quizás se les pasó por alto, es que así como con la media hora menos en el huso horario, hay la sensación de que amanece más temprano, así también oscurece más temprano, por lo que el uso de la luz eléctrica se incrementaría durante las horas de penumbra. Eso es lo que se llama las consecuencias no intencionadas de la planificación humana.

Es bien sabido que el parque eléctrico nacional no recibe inversiones desde hace años, incrementándose esta desidia en estos diez años de gobierno socialista. Las únicas empresas que medianamente realizaban inversiones y mejoras eran las privadas (Electricidad de Caracas, Enelven y Luz Eléctrica de Venezuela) pero, por órdenes del comandante supremo, todo el sector eléctrico fue estatizado. El dinero de las inversiones que realizaban estas empresas ahora se destina a “inversión social”, ese concepto absurdo que vuelve a las empresas una especie de casas de beneficiencia pública.

En los últimos meses los venezolanos, de cualquier clase social y de cualquier simpatía política, hemos tenido que sufir ausencias y recortes en el servicio eléctrico. Recortes que ahora llaman de manera muy cínica, racionamientos preventivos. Y peor aún, el gran lider socialista amenaza con recortar el servicio eléctrico a quienes pagan, como los centros comerciales y las empresas privadas, porque hay que recordar que las empresas y oficinas públicas siempre han mantenido deudas gigantescas con las empresas del sector eléctrico.

¿Qué hubiese pasado si estos recortes los hubiesen realizado las empresas siendo privadas? Hubiésemos visto a personajes como Eduardo Samán, torquemada del acceso de las personas a los bienes y servicios, ir a multar y perseguir a estas empresas por “estafa y mal servicio a los usuarios”. Ah, pero como las empresas son públicas, de eso no se habla, es un racionamiento preventivo. Los usuarios deberíamos ir a denunciar y demandar a estas empresas ante el Indepabis y ante los tribunales. No van a hacer nada, pero que quede constancia de su ineptitud y complicidad.

¿Por qué mejor no adelantamos el reloj de nuevo y devolvemos la propiedad de las empresas eléctricas al sector privado? De eso ni hablar, porque el gobierno y la oposición socialista no creen en la propiedad privada.

El Estado, el Gobierno y el Pueblo // Liliana Fasciani

No me explico por qué insisten en hablar constantemente de los problemas del país, en enunciarlos una y otra vez, en referirse a ellos como si se tratara de problemas nuevos, recién surgidos, como si hicieran hallazgos inéditos, cuando en realidad llevamos con ellos tanto tiempo que forman parte de nosotros. Ni el gobierno ni la oposición han aprendido, en todos estos años, a pensar en esos problemas como suyos también. Siguen refiriéndose a ellos en tercera persona, como si pertenecieran solamente a los demás e insisten en explicar las causas en vez de buscar las soluciones.

Diría que el más grave de todos los problemas es no pensar en ellos como fenómenos sociales que debemos solucionar, sino como meras consecuencias de las acciones y omisiones gubernamentales –del pasado y del presente– frente a la degeneración de los valores morales. El problema es, por tanto, que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para ejecutar las soluciones, lo que hacemos es dar vueltas alrededor de los problemas, como si con enunciarlos conjuráramos un maleficio.

En vez de buscar culpables o de culpar a otros, el paquete discursivo debe contener propuestas y convocar a los ciudadanos a trabajar por éstas. Si en su resbaladiza retórica los políticos se abstuvieran de señalar a otros con el dedo, de fanfarronear, amenazas y dirigir un coro de eslóganes estériles, si en cambio plantearan sus puntos de vista acerca de cómo y cuándo resolver tal y cual problema concreto, si con toda claridad gobierno y oposición admitieran que solos no pueden llevar a cabo semejante empresa; si en su larga y tediosa espera por una ayuda o por un milagro, el pueblo asumiera su cuota de responsabilidad ciudadana, es probable que llegara a sentirse motivado para participar en el esfuerzo, porque tendría conciencia de que el goce de sus derechos depende del cumplimiento de sus deberes y apreciarían que se les tratara como adultos capaces y no como minusválidos sociales.

Salvo unos pocos concejales, alcaldes y gobernadores que arañan a duras penas sus exiguos recursos y han logrado el respaldo de sus comunidades para realizar un trabajo conjunto, el resto del país se descalabra ignominiosamente.

Las soluciones a la mayoría de nuestros problemas no las tiene el Estado, las tenemos nosotros.  El Estado lo que tiene es dinero, pero la riqueza petrolera no es para repartirla graciosamente, sino para reinvertirla y distribuirla a través de servicios públicos de calidad, oportunidades de estudio, fuentes de empleo, seguridad y desarrollo. Seremos auténticamente libres e independientes cuando el gobierno propicie las condiciones necesarias para que las personas tomen sus propias decisiones respecto de cómo desean vivir y qué quieren hacer para mejorar su calidad de vida. Seremos un país autónomo y próspero cuando los esfuerzos particulares de los ciudadanos encuentren respuesta adecuada en los esfuerzos del gobierno por garantizar a la colectividad los mismos derechos y exigir las respectivas bligaciones. Pero mientras se pretenda hacer del Estado un monstruo omnipotente y omnisapiente, desbordado en su capacidad y en sus atribuciones, el pueblo seguirá siendo una masa informe y desordenada de hombres y mujeres sin incentivos, sin bienestar y sin responsabilidad

Privilegismo // Nicomedes Zuloaga

Artículo publicado en La Esfera, 6 de junio de 1961

En la terminología de Marx y Engels, los términos “socialismo y comunismo” son sinónimos.  Hasta 1917 ningún marxista se atrevió a establecer una diferencia entre ambos.  En esa época, quienes consideraban como su evangelio al Manifiesto Comunista se denominaban simplemente “socialistas”.  Cierto es que Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, establece que hay una fase primera e inferior y otra segunda y superior del socialismo, pero nunca las distinguió como socialista la primera y comunista la segunda.  Sólo cuando en la primera etapa de la revolución rusa se recrudeció la lucha entre los de la minoría o parlamentarios (mensheviks) y los de la mayoría o revolucionarios (bolsheviks), aparece el término “comunista” para designar a estos últimos.  Y cuando posteriormente Lenin constituyó la Tercera Internacional para exportar su forma violenta de revolución socialista, la denominó Tercera Internacional “Comunista”.  Hoy en día, los soviets tratan de distinguir entre ambos vocablos, aludiendo al socialismo como una etapa anterior del comunismo, pero el propio nombre de Rusia los traiciona.  Ellos no se denominan comunistas, son la Unión de Repúblicas “Socialistas” Soviéticas.

Hay muchas especies de socialismo: el ruso o burocrático; el nazista o de economía compulsiva; el fascista o corporativo; el utópico, el científico, el fabiano, etc., pero todos ellos están de acuerdo en la tesis fundamental: en la propiedad por el Estado de los factores de producción.

En nuestra situación política partidista no hay una verdadera discusión sobre el asunto.  Todos los partidos son socialistas.  Sus líderes, muchos de buena fe, muchos amigos míos, defienden al socialismo no por él mismo, sino como la única fórmula que conocen para combatir al capitalismo.

Pero en la Venezuela de nuestros días ser socialista no es necesariamente ser comunista.  Aprendimos en estos últimos días que nuestros socialcristianos se consideran socialistas cristianos (marxistas que van a misa), que quieren inclusive darle lecciones a sus colegas europeos de como debe manejarse la cosa pública para obtener una verdadera “justicia social”.  Nuestro ministro de Minas, también en estos últimos días nos informó que aún cuando en el campo internacional era partidario del cartel y del monopolio (hijos legendarios y odiosos del capitalismo), porque ellos no iban dirigidos sino contra las naciones “ricas” que usan el petróleo como combustible (las que se ponen ropa, por ejemplo), en el campo nacional su partido era socialista.  En otras palabras, que en su concepto el capitalismo era bueno sólo cuando se constituyera la compañía anónima “Venezuela S.A.” y lo explotara debidamente.  En cuanto a la desintegración amarilla (URD), en el campo ideológico ellos nunca han sido realmente nada, aunque de vez en cuando, según y como las circunstancias, sus líderes han ido del fidelismo al burguesismo.  Pero todos ellos, sin excepción, dicen no ser comunistas.  Todos están de acuerdo, sin embargo, en que son definitivamente anticapitalistas.

Ahora bien, a mí se me hace que los líderes influyentes de esos partidos critican a ese capitalismo sin conocerlo.  Lo identifican con el sistema económico privilegista que ha existido en casi todos los países de América Latina, en los cuales las fortunas no han sido, con muy honrosas excepciones, fruto de haber servido mejor y más barato las más urgentes necesidades del pueblo, sino, muy por el contrario, consecuencia directa y sostenida de un privilegio otorgado por el tirano de turno.  No quiero decir con esto que el pecado original del privilegio se transmita por ósmosis a quienes posteriormente han concurrido al mercado, ya cerrado, para echar a perder el festín del primer privilegiado, pero es evidente por lo menos que los beneficios así obtenidos no pueden calificarse como “capitalistas”.  Esos líderes han conocido al capitalismo sólo a través de sus críticos irracionales, los marxistas, sin preocuparse nunca de averiguar en forma científica y objetiva si esas críticas eran realmente fundadas.  Ellos han confundido, repito, al capitalismo con el privilegismo.  Consideran odiosa la posición de quien se atreve a defender hoy una economía de mercado, porque creen que quien lo hace es movido sólo por un interés clasista, para defender el privilegio, sin darse cuenta de que mediante ese sistema no solamente acabaríamos con esos privilegios de origen tiránico, sino también con aquellos otros hoy más de moda, los de origen partidista.

La democracia, para mí, no es un fin en si misma.  Es sólo el único método pacífico para cambiar de gobernantes.  Ella no garantiza que los mejores sean elegidos para la función pública, pero tampoco lo garantiza ningún otro sistema.  Los elegidos que hoy gobiernan, y quienes pueden ser escogidos en los próximos comicios, están en el deber ineludible de estudiar objetivamente y comprender todos los sistemas político-económicos que ha ensayado la humanidad, para poder así, con verdadero conocimiento de causa, valorar y preferir entre ellos, aún cuando esto signifique tropezar con palabras raras que posiblemente no se encuentren ni en el diccionario presidencial, como “cataláctica”.  Para mí no cabe duda, Moral y Luces siguen siendo nuestras primeras necesidades.